ARGENTINA
Doctrina
Título:Blue Bank International & Trust (Barbados) LTD. v. Bolivarian Republic of Venezuela, ICSID case NO. ARB 12/20
Autor:Barbará, Laura B. - Vázquez, Agustina N.
País:
Argentina
Publicación:Revista Iberoamericana de Derecho Internacional y de la Integración - Número 7 - Diciembre 2017
Fecha:15-12-2017 Cita:IJ-CDLXXXIV-674
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La controversia surgida entre Blue Bank, una empresa de capitales de Barbados, y la República Bolivariana de Venezuela nos presenta una nueva oportunidad para reflexionar sobre el principio de independencia de quienes dirimen controversias por un método jurisdiccional, como es el arbitraje internacional.
El Derecho Internacional de las Inversiones le debe gran parte de su desarrollo al aporte hecho a lo largo de estos últimos 100 años por distintos tribunales arbitrales internacionales. De hecho, este método de resolución de controversias es producto del reclamo ejercido por los inversores internacionales en los albores de la rama temiendo no contar con un proceso justo y decidido por un tercero ajeno al conflicto que actúe de forma independiente e imparcial.
Sin embargo, la preocupación parece no haberse esfumado y la complejidad actual del sistema nos convoca a revisar los principios en juego.


The controversy between Blue Bank, a capital company from Barbados, and the Bolivarian Republic of Venezuela presents us with a new opportunity to think about the principle of independence of those who settle disputes by a jurisdictional method, such as international arbitration.
The International Investment Law owes much of its development to the contribution made over the last 100 years by different international arbitral tribunals. In fact, this method of dispute resolution is the wished outcome reached by international investors fearing not fair fora for their disputes. Determined to have a process settled by a third party outside the conflict, investors fought hardly to have independent and impartial arbitrators.
However, the concern seems not to have faded and the current complexity of the system calls us to review the principles at stake in the caselaw between Blue Bank against Venezuela.


I. Introducción
II. ¿Cómo funciona la resolución de controversias ante el CIADI?
III. ¿Qué sucedió en Blue Bank vs. Venezuela?
IV. Independencia e imparcialidad
V. Conclusión
VI. Bibliografía
Notas

Blue Bank International & Trust (Barbados) LTD. v. Bolivarian Republic of Venezuela, ICSID case NO. ARB 12/20


Laura Beatriz Barbará* y
Agustina Noeli Vázquez**


I. Introducción [arriba] - 


No hay una fecha que precise desde cuándo las personas han dejado sus lugares de origen y se aventuraron grandes distancias para invertir y buscar ganancias en sus negocios. Comerciantes europeos comenzaron a ir hacia Asia, África y América Latina para comerciar con poblaciones locales de otras comunidades. Y sostenían que la ley local no los obligaba, ya que estaban obligados por la ley de su país de origen.


Este argumento, se basaba en la asunción de que el comerciante llevaba con sí la ley de su país. En los albores del proceso independentista americano, los inversores europeos sostenían que estaban sujetos a su ley por ser esta superior a la del lugar de operaciones. De esta asunción, se desprendía la idea que sus activos no podían ser sometidos a expropiación o nacionalización ya que no deberían ser alcanzados por leyes locales.


Hoy en día, sabemos que no es así. Si bien en los inicios del desarrollo del Derecho Internacional de las Inversiones se entendió que ningún estado podría expropiar o nacionalizar activos de inversores extranjeros; entender que tampoco estaba permitido basarse en una ley nacional para evitar el cumplimiento de obligaciones internacionales contribuyó al desarrollo de la noción de “mínimo standard internacional”. Este concepto referencia en gran parte a la tensión que caracteriza a esta rama del Derecho, países desarrollados versus países en vías de desarrollo.


Tal como se lo entendiera en los Papeles de Trabajo de la OCDE:


“Esta tensión implica diversos factores a considerar, por ejemplo, tanto la Sociedad de las Naciones como la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas no lograron alcanzar un acuerdo sobre la codificación de la responsabilidad de los Estados por hechos ilícitos contra extranjeros. El trabajo de las Naciones Unidas y de la Comisión sobre Empresas Multinacionales quedó igualmente trunco por las diferencias fundamentales sobre el trato que debía proveérsele a la propiedad en manos de extranjeros. Con una mayoría abrumadora en la Asamblea General de Naciones Unidas, los países en vias de desarrollo lograron extender su control sobre el principio de “trato nacional” como una regla para considerar en los casos de expropiación”[1].


Fue entonces, en una siguiente etapa de desarrollo del Derecho Internacional de las Inversiones, que Estados recientemente independizados entendieron que podían expropiar los activos de nacionales extranjeros bajo condiciones muy definidas y sólo si procedían al pago de una compensación.


La evolución del Derecho Internacional de las Inversiones en gran parte fue impulsada por los inversores que buscaban no tener que enfrentar al Estado en su propio estado y buscaban un foro más independiente para poder presentar sus demandas.


Sin embargo, esto no fue tan fácil: instrumentos internacionales como la Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados, firmada en el marco de la séptima conferencia Panamericana, dijo en su artículo 9: “La jurisdicción de los Estados yace dentro de los límites de su territorio nacional y se aplica a todos sus habitantes. Nacionales o extranjeros están bajo la misma protección de la ley, de las autoridades nacionales y los extranjeros no pueden reclamar otro derecho más que del que gozan los nacionales”[2].


Una de las primeras voces que reclamó por un “standard de justicia” -refiriéndose a cómo debían tratarse los reclamos de los inversores extranjeros- fue el doctrinario americano Elihu Root. Él fue uno de los primeros en entender que había un cierto estándar de condiciones mínimas que formaban ya parte del Derecho Internacional[3].


Más recientemente, Schwarzenberger agregó en apoyo a este argumento: “El standard de trato nacional no puede usarse como medio para evitar cumplir con obligaciones internacionales bajo el mínimo standard de protección en el Derecho Internacional. Incluso si el standard de trato nacional se sustenta en un tratado, la presunción dicta que ha sido la intensión de las partes asegurar a sus nacionales de esta forma para protegerlos de desventajas en la aplicación de la ley. Pero de ninguna forma se puede entender como un medio para deprivarlos de sus derechos que, en cualquier caso, gozarían bajo la protección de la costumbre internacional o por los principios generales del Derecho”[4].


Entonces, cuando comenzó a aceptarse paulatinamente que el standard a aplicarse era el “mínimo standard legal” y no el conceder el tratamiento nacional a inversores extranjeros, se hizo uno de los primeros esfuerzos en delimitar este concepto, que hoy en día continúa abierto. En esta línea, se entendió que tanto los principios generales del Derecho como “justicia” o “equidad” y la propia práctica de los Estados en relación a cómo han tratado a los inversores extranjeros sumado a las reglas ya existentes por virtud de costumbre internacional; conformaban este “mínimo standard legal”.


El inversor en este caso -una empresa con capitales de Barbados que operaba en la industria hotelera y turística venezolana- nombrado Blue Bank entendió en este caso que someter su controversia a un foro independiente del poder del Estado -donde ya había reclamado sin éxito- era en efecto, su Derecho. No sólo porque invocaría una cláusula del Tratado Bilateral de Inversiones que así lo decía, sino también porque se apoyaba en la existencia de un mínimo estándar legal que incluía contar con un foro ajeno al Estado que estaba demandando.


En Junio del 2012, Blue Bank inició una demanda ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) contra la República Bolivariana de Venezuela. Alegó en esta presentación un incumplimiento del tratado para la promoción y protección de las inversiones, suscripto entre Barbados y Venezuela y en vigencia desde 1995.


En el caso, el inversor entendió que había sufrido una expropiación indirecta de sus activos en la industria hotelera ya que las bruscas condiciones a las que impuso el Estado receptor al inversor terminaron complicando las negociaciones de los permisos para operar. Todas estas acciones llevaron a la terminación de los contratos de concesión a través de los cuales el inversor había operado en Venezuela por largo tiempo.


Pero, ¿qué rol juega en todo esto la independencia e imparcialidad de los árbitros invocados por las partes?


Los procesos de arbitraje para la protección de inversiones transnacionales no son solamente el resultado de la evolución de la protección a las inversiones transnacionales efectuadas por extranjeros, sino una expresión del propio desarrollo de someter una controversia fuera del poder e influencia del Estado receptor, es decir, una verdadera búsqueda de la reafirmación del principio de independencia[5].


La búsqueda de equilibrio entre las partes de una contienda legal no resulta sencilla: inversor y Estado receptor respondrán sus argumentos tanto para discutir si se realizó una inversión como para explicar que su conducta estuvo dentro de lo permitido por el ordenamiento jurídico[6].


II. ¿Cómo funciona la resolución de controversias ante el CIADI? [arriba] - 


En 1965, un gran número de Estados firmó un instrumento internacional conocido como el Convenio de Washington (Convenio CIADI). Allí, se prescribía la creación de una organización internacional de carácter público dedicada al arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados[7]. Eran épocas en las que los Estados -guiados por uno de los propósitos de la Carta de la ONU: “cooperación internacional”- ensayaban distintas alternativas que les permitieran la creación de bienes públicos comunes para el desarrollo económico. Las inversiones, instrumentos de carácter privado, cada vez cobraban mayor importancia y los inversores eran cada vez menos y más poderosos. Y reacios a resolver sus disputas en el sistema doméstico del Estado receptor por considerarlo “muy influenciable a los intereses de una parte”.


La mayor virtud del Convenio CIADI se traduce en proporcionar dos medios de solución de controversias: la conciliación y el arbitraje. Dentro de este último, particularmente, la ventaja que resalta es la de proporcionar un foro externo que a lo largo de los años se ha convertido en el principal centro de arreglo de controversias de inversión[8]. Pero, con el correr de los años, no han sido pocos sus detractores al entender que generalmente se ha inclinado a darle la razón a los inversores y que la conformación ad hoc de cada tribunal arbitral para la resolución de un caso, ha terminado en un sinfín de interpretaciones disímiles sobre la misma materia; siendo entonces caratulado como “poco coherente”[9].


III. ¿Qué sucedió en Blue Bank vs. Venezuela? [arriba] - 


Blue Bank y sus representantes, filiales y agentes en Venezuela invirtieron USD 100,000,000.00 (cien millones de dólares estadounidenses) en la industria hotelera venezolana.


La inversión fue destinada para renovar, actualizar, construir, diseñar y restaurar propiedades, sin colaboración por parte del gobierno venezolano; si bien el inversor ha indicado en su demanda que Venezuela sí había provisto de apoyo financiero y logístico a otros inversores en iguales condiciones que ellos.


Las propiedades fueron expropiadas. Y si bien el inversor inició distintas quejas en el sistema legal doméstico de Venezuela, las mismas no llegaron a ningún fin.


A la par que el inversor intentaba proteger su inversión, el Estado venezolano impuso severas multas y revisó los contratos, dándole fin a los mismos.


De acuerdo al inversor, los fracasos acaecidos de los intentos de buscar un alivio a través del Poder Judicial Venezolano, resultando un perjuicio comercial que procuró daños materialmente que superaron los USD 200,000,000.00 (doscientos millones de dólares estadounidenses).


Sin embargo, el inversor no estaba obligado a ello de acuerdo al artículo 8 suscripto en el Tratado Bilateral de Inversión entre el Estado receptor de la inversión y el Estado de nacionalidad del inversor:


“Article 8 Settlement of Disputes Between one Contracting Party and Nationals or Companies of the other Contracting Party. 1. Disputes between one Contracting Party and a national or company of the other Contracting Party concerning an obligation of the former under this Agreement in relation to an investment of the him shall, at the request of the national concerned, be submitted to the International Centre for Settlement of Investment Disputes for settlement by arbitration or conciliation under the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States, opened for signature at Washington on March 18, 1965. 2. As long as the Republic of Venezuela has not become a Contracting State of the Convention as mentioned in paragraph 1 of this Article, disputes as referred to in that paragraph shall be submitted to the International Centre for Settlement of Investment disputes under the Rules Governing the Additional Facility for the Administration of Proceedings by the Secretariat of the Centre (Additional Facility Rules). If for any reason the Additional Facility is not available the investor shall have the right to submit the dispute to arbitration under the rules of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). 3. The arbitral award shall be limited to determining whether there is a breach by the Contracting Party concerned of its obligations under this Agreement, whether such breach of obligations has caused damages to the national concerned, and if such is the case, the amount of compensation. 4. Each Contracting Party hereby gives its unconditional consent to the submission of disputes as referred to in paragraph 1 of this Article to international arbitration in accordance with the provisions of this Article”.


Este instrumento internacional, entre otras disposiciones, rompería con la regla consuetudinaria de que la litigiosidad internacional estaba sólo reservada a los Estados, al permitir que un particular pueda demandar, por una controversia relativa a inversiones, a un Estado ante un esquema arbitral internacional[10].


En este sentido, el inversor presentó la solicitud de arbitraje ante el CIADI y la misma se registró en la Secretaría. Siguiendo el reglamento de la institución, se procedió a que las partes eligieran un árbitro por cada una y un tercero en común acuerdo.


De acuerdo a los artículos 12-14 de las reglas de procedimiento del Centro:


Artículo 12


La Lista de Conciliadores y la Lista de Arbitros estarán integradas por los nombres de las personas calificadas, designadas tal como se dispone más adelante, y que estén dispuestas a desempeñar sus cargos.


Artículo 13


(1) Cada Estado Contratante podrá designar cuatro personas para cada Lista quienes podrán ser, o no, nacionales de ese Estado.


(2) El Presidente podrá designar diez personas para cada Lista, cuidando que las personas así designadas sean de diferente nacionalidad.


Artículo 14


(1) Las personas designadas para figurar en las Listas deberán gozar de amplia consideración moral, tener reconocida competencia en el campo del Derecho, del comercio, de la industria o de las finanzas e inspirar plena confianza en su imparcialidad de juicio. La competencia en el campo del Derecho será circunstancia particularmente relevante para las personas designadas en la Lista de Árbitros.


(2) Al hacer la designación de las personas que han de figurar en las Listas, el Presidente deberá además tener presente la importancia de que en dichas Listas estén representados los principales sistemas jurídicos del mundo y los ramos más importantes de la actividad económica.


Luego, el reglamento indica la notificación de la designación de árbitros y se abre un período para la recusación.


Y esto fue lo que sucedió en el caso de Blue Bank vs. Venezuela. De acuerdo al artículo 57 de las reglas de procedimiento, cualquiera de las partes podrá proponer la recusación de los árbitros por no gozar de amplia consideración moral, incompetencia en el campo del Derecho, del comercio, de la industria o de las finanzas o no inspirar plena confianza en su imparcialidad de juicio.


Particularmente, como explicaremos en la próxima sección, analizaremos los hechos que en virtud de la invocación del artículo 57, propiciaron la separación del árbitro propuesto por el inversor.


El Presidente del Consejo Administrativo del CIADI acogió la recusación argumentando principalmente que, si bien el Sr. Alonso no tenía participación directa en el caso paralelo seguido contra Venezuela, la similitud de materias discutidas en ambos casos generaba una alta probabilidad de que el árbitro tuviera que decidir cuestiones que resultaban relevantes para la posición defendida por su firma.


A estos efectos, la autoridad estimó que la expresión carencia manifiesta de cualidades supone constatar, bajo un análisis razonable de los hechos por un observador externo, una apariencia obvia o evidente de parcialidad.8


Como consecuencia de esta situación, el CIADI definió en el laudo de jurisdicción del caso bajo análisis el concepto de imparcialidad e independencia. Imparcialidad relacionada con la ausencia de prejuicio o predisposición hacia un partido, mientras que la independencia fue marcada por la ausencia de control externo. Haciéndose lugar la solicitud de recusación, se procedió al cese de su intervención como árbitro. 


IV. Independencia e imparcialidad [arriba] - 


El 8 de octubre del 2012, el inversor del caso Blue Bank vs. Venezuela designó al español José María Alonso como árbitro. Esta designación fue aceptada por Alonso quien envió su aceptación expresa y curriculum vitae de acuerdo a la Regla 6.3 del CIADI.


En su aceptación, Alonso indicó ser “socio de Baker & McKenzie Madrid, a cargo del departamento de resolución de controversias”.


La firma Baker & McKenzie Madrid pertenece a Baker & McKenzie Internacional (Swiss Verein) y todas las firmas que forman el nombre Baker & McKenzie Internacional son independientes entre sí; tanto que la remuneración recibida por cada socio depende exclusivamente de la firma particular para la que trabaje.


En su declaración, Alonso afirmó que ni él ni Baker & McKenzie Madrid tenían alguna relación con las partes del proceso.


Sin embargo, él estaba en conocimiento de arbitrajes bajo el CIADI contra la República de Venezuela, por casos no relacionados que llevaba la firma de Baker & McKenzie en Nueva York y en Caracas en el 2011. En ambas oficinas, Baker & McKenzie representaba a una compañía llamada Longreef Investment[11]; pero Alonso no había formado parte, colaborado o recibido información en relación a ese caso, según indicara en ocasión de su recusación.


Declaró ser completamente independiente e imparcial para actuar como árbitro en el caso Blue Bank.


Por su parte, Venezuela designó al Dr. Santiago Torres Bernardez como árbitro. Él también envió a la secretaría del CIADI su declaración de imparcialidad, aceptación de la designación y su curriculum vitae. Se corrió traslado de estos documentos en noviembre de 2012, casi en paralelo a que el Estado venezolano presentara la recusación del Dr. Alonso alegando que coordinaba el departamento de práctica global de arbitraje de un estudio con oficinas en muchísimos países. Firma legal que por otra parte defendía a otros clientes en procedimientos casi idénticos en otros casos.


Fue entonces que se decidió zanjar la cuestión amparándose en los artículos 57 y 58 del Convenio del CIADI como se explicó en el punto anterior. En tal sentido, se consideró propicio aplicar el estándar de objetividad basado en una evaluación razonable de la evidencia.


Comprendió sin embargo, que la creencia de una parte solicitando la descalificación del árbitro designado por su contraria no era un motivo suficiente de acuerdo al Convenio. También observó que el término “manifiesto” que figura en el Artículo 57 de la Convención, ha sido interpretado en diversos casos como implicando que algo es “evidente” u “obvio”[12].


En tal sentido, el secretario entendió que había ciertos hechos objetivos:


- El árbitro Alonso era un socio de Baker & McKenzie Madrid,


- Que la firma, mediante sus oficinas en Nueva York y Caracas, representaba a inversores en un arbitraje paralelo contra el mismo Estado que aquí se demandaba.


- Que el Dr. Alonso no había tenido involucramiento directo con el proceso paralelo, Longreef vs. Venezuela.


- Que el Dr. Alonso era un miembro del comité global de la firma que supervisaba los casos de arbitraje internacional.


El Secretario entendió entonces que compartir un nombre corporativo y la existencia de comités globales que supervisasen la práctica de las oficinas locales implicaba un cierto grado de conexión o una coordinación per se entre las firmas que reportaban a Baker & McKenzie International.


Sin dar una explicación más detallada, el secretario entendió que dada la similitud de puntos en conflicto en los casos Longreef vs. Venezuela y Blue Bank, y que ambos casos se estaban tramitando, era “altamente probable” que el Dr. Alonso se viera en posición de decidir sobre puntos en conflicto que fueran relevantes al caso Longreef vs. Venezuela si continuaba como árbitro.


A su vez, el árbitro designado por el Estado tampoco terminó formando parte del proceso ya que, como se indica en la decisión sobre recusaciones arbitrales[13], el Dr. Torres Bernárdez presentó su renuncia y no se trataron las quejas pidiendo su destitución.


Pero lo aquí sucedido, no es nuevo.


Los “Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura”, aprobados por la Asamblea General en su Resolución 40/32 de 1985, contienen una buena descripción de lo que implica independencia e imparcialidad en el contexto de un tribunal jurisdiccional. Y si bien los referidos principios están dirigidos a los tribunales internos de los Estados, resulta necesario recordar que: “Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo”.


Las principales reglas de arbitraje, contenidas en las legislaciones internacionales, en aquella Convención y en los reglamentos de las más importantes instituciones arbitrales, contienen alguna variación de los estándares centrales para la calificación y la conducta de los árbitros, esto es, la imparcialidad y la independencia; basándose en esta resolución ut supra citada.


La jurisprudencia del CIADI no ha sido uniforme al respecto de las causales para que proceda la destitución de un árbitro.


En ocasión de Suez v. Argentina[14], la demandada recusó a la profesora Gabrielle Kauffman-Kohler por haber integrado otro tribunal que previamente había fallado en contra el Estado.


Los atributos no recusados rechazaron el incidente sobre la base de la expresión “carencia manifiesta de cualidades” empleadas por el Convenio impone una fuerte carga probatoria las partes recusantes, quien debe acreditar que los hechos del caso muestra una probabilidad alta o casi cierta de sesgo en el árbitro implicado.


En Tidewater v. Venezuela[15], el Estado recusó a la profesora Brittige Stern en razón de sus reiteradas nominaciones como árbitro por la misma parte. Los restantes miembros del tribunal rechazaron la petición indicando explícitamente que el estándar de descalificación contemplado en las Reglas CIADI es más exigentes que el de Dudas Razonables.


¿Podemos establecer una constante en los criterios empleados para aceptar un pedido de recusación de un árbitro en el sistema de resolución de controversias que propone el CIADI? Hasta el momento, pareciera que no.


V. Conclusión [arriba] - 


El Convenio CIADI de 1965 exige que las personas designadas para figurar en la lista de árbitros deberán “inspirar plena confianza en su imparcialidad de juicio”[16].


Como sostiene Gonzalez Napolitano, la imparcialidad es la de designio anticipado o de prevención en favor o en contra de alguien o algo, que permite juzgar o proceder con rectitud. Este concepto es distinto, pero complementario, de la idea de que el árbitro no debe depender de nadie, de que puede emitir sus opiniones sin admitir intervención ajena[17].


El rol del árbitro designado por una de las partes ha sido un asunto de mucho debate. La dicotomía está planteada entre aquellos sistemas que pudieran requerir un standard judicial de conducta y los que permiten que el árbitro de parte tome el asunto de la forma que le sea más conveniente. Esto último ha terminado en generar nuevamente mucha desconfianza y ha generado problemas prácticos en la mayoría de los procedimientos.


En tal sentido, se resalta como necesario trabajar desde el ámbito internacional de una forma más coordinada y cohesiva a fin de darle significado a la tendencia actual del CIADI de presentar en un periodo muy corto de tiempo, un sinfín de palabras.


VI. Bibliografía [arriba] - 


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Gonzalez Napolitano, S. «​Reflexionando acerca de la independencia y la imparcialidad como cualidades de los jueces y árbitros internacionales.» Pensar en Derecho (2016): 50-63.


 


 


Notas [arriba] - 


* Estudiante de abogacía (UFLO).
** Abogada (UBA), PGC in "Law & Development" (UoL), Diploma in International Law (UoL). Diploma en "Políticas Públicas" (Universidad de San Andrés). Profesora UBA y UFLO. Investigadora en formación en los proyectos "Lectores para la Justicia" y "La contribución del sistema de solución de controversias de la CONVEMAR a la consolidación del derecho del mar", por la Universidad de Buenos Aires.


[1] OECD Dirección de Finanzas y Asuntos empresariales. Documentos de trabajo sobre Inversiones Transnacionales. Número 3 del año 2014. “Trato Libre y equitativo”. Septiembre del 2004. Página 8.
[2] Convención de Montevideo de 1933, Artículo 9.
[3] Root, E. «The basis of protection of citizens residing abroad.» AJIL 4 (1910): 521-522.
[4] Schwarzenberger, G., “International law as applied by international courts and tribunals” VII Current legal problems (1955): 220.
[5] Gonzalez Napolitano, S., “​Reflexionando acerca de la independencia y la imparcialidad como cualidades de los jueces y árbitros internacionales”, En Pensar en Derecho, 2016, 50-63.
[6] Asante, S. «International law and foerign investment: a reaprisal.» The International and Comparative Law Quarterly 37.3 (1988): 588-628.
[7] Schreuer, C. The ICSID Convention: a commentary. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
[8] Muchlinski, P. et al. The Oxford handbook of international investment law. Oxford: Oxford University Press, 2008.
[9] Eberhardt, P. & C. Olivet,. Profiting from injustice . Brussels: orporate Europe Observatory and the Transnational Institute,, 2012.
[10] Salacuse, J. The law of investment treaties. Oxford: Oxford University Press, 2010.
[11] Longreef Investment es una sociedad constituida bajo las leyes de los Países Bajos que realizó inversiones para la explotación cafetera en Venezuela.
[12] Sobre este punto, ver James Crawford, “Challenges to arbitration in ICSID Arbitration”, (panel confronting Global challenges: from Gunboat Diplomacy to Investor-State Arbitration Corte Permanente de Arbitraje, Palacio de la Paz, Seminario, Países Bajos, 11 de Octubre, 2013).
[13] Blue Bank vs. Venezuela, Decisión sobre la descalificación de los árbitros propuestos por las partes, 12 de noviembre del 2013.
[14] El caso versa sobre una demanda iniciada por una compañía francesa y su filial argentina que tuvieran una concesión para la explotación de agua potable en la provincia de Tucumán, en la República Argentina. Según el inversor, las autoridades de Tucumán atacaron la inversión desde el inicio con el objetivo de renegociar las tarifas de la concesión; imponiendo medidas unilaterales que modificaran el valor de las tarifas y violaran la obligación de proveer un trato justo y equitativo.
[15] Tidewater Inc., Tidewater Investment SRL, Tidewater Caribe, C.A., et al. v. The Bolivarian Republic of Venezuela, ICSID Case No. ARB/10/5. Particularmente, hacemos referencia a la decisión del 23 de diciembre del 2010 donde se decide la impugnación de Brigitte Stern como árbitro.
[16] Sobre este punto, ver Tanzi, Attila, et al. International investment law in Latin America: problems and prospects/ Derecho internacional de las inversiones en América Latina: problemas y perspectivas. Brill Nijhoff, 2016. P.593.
[17] Gonzalez Napolitano, S. «​Reflexionando acerca de la independencia y la imparcialidad como cualidades de los jueces y árbitros internacionales.» Pensar en Derecho (2016): 50-63.